"Número desconocido" ya no llamará: los cobradores estarán obligados a revelar el número y la identidad

A partir del 1 de septiembre de 2025, entrará en vigor en Rusia una ley destinada a combatir el llamado "terrorismo telefónico" por parte de los cobradores y otros recuperadores de deudas. El documento, que ha superado la segunda y tercera lectura en la Duma Estatal, establece nuevas reglas de interacción con los deudores y refuerza significativamente la protección de sus derechos.

Por "terrorismo telefónico" se entienden las llamadas frecuentes e intrusivas fuera del horario laboral, incluidas las nocturnas, no solo a los propios deudores, sino también a sus allegados: familiares, compañeros, vecinos. En algunos casos, los cobradores amenazan, ejercen presión y divulgan información confidencial. Alrededor del 90% de las infracciones se producen a través de la comunicación móvil.

Por primera vez en la legislación, se introduce un mecanismo de interacción operativa entre el Servicio Federal de Alguaciles (FSSP) y los operadores de telefonía móvil y las Oficinas de Crédito. Esto permitirá responder rápidamente a las quejas de los ciudadanos, obtener detalles de las llamadas y establecer a quién pertenece un número determinado. La solicitud se podrá presentar a través del portal "Servicios Estatales", y la respuesta del organismo llegará en un plazo de cinco días hábiles.

La nueva ley obliga a los recuperadores a utilizar solo números registrados oficialmente ante el operador de telefonía. En cada mensaje (incluidos los SMS y las aplicaciones de mensajería) debe figurar el nombre del acreedor y un número de teléfono de contacto para la respuesta. Si se muestra una firma alfabética, debe ir acompañada de un número real. Las llamadas anónimas, incluidas las que tengan la firma "número desconocido", serán motivo de queja ante el FSSP.

Asimismo, la ley refuerza el "derecho al silencio". Si el deudor notifica al recuperador su negativa a comunicarse, transcurridos tres días hábiles deberán cesar todas las llamadas, mensajes y cartas. La misma regla se aplica en caso de revocación del consentimiento por parte de un tercero que haya recibido llamadas anteriormente. La excepción se hace solo para las situaciones en que la deuda ha sido confirmada por un tribunal: en ese caso, el acreedor dispone de dos meses para contactar, tras lo cual se reanuda la prohibición.

Para acelerar los procedimientos, las agencias de cobro y los bancos están obligados a conservar los registros de las llamadas, la correspondencia y los registros de los mensajes durante un año y medio, antes el plazo era de tres años. Esto es suficiente para verificar las quejas, y los archivos más antiguos se podrán eliminar.

De este modo, la ley no solo limita las acciones de los cobradores deshonestos, sino que también crea una herramienta eficaz de respuesta operativa a las quejas de los deudores y sus allegados.

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