El secreto bancario protege los datos de los clientes (cuentas, operaciones, créditos), pero no los hace absolutamente privados.
Los organismos estatales tienen derecho a solicitar información: el Servicio Federal de Impuestos (FNS) verifica los ingresos, los tribunales bloquean las cuentas por deudas y las fuerzas del orden público obtienen acceso en el marco de las investigaciones. El Banco Central y Rosfinmonitoring controlan las transacciones sospechosas para combatir el lavado de dinero.
Las organizaciones financieras intercambian datos en caso de fraude, y las agencias de crédito forman historiales de los prestatarios. Los empleadores y los cobradores no tienen acceso directo, pero pueden obtener información indirectamente.
El principio principal es el equilibrio entre la privacidad y los intereses de la sociedad. El secreto bancario impide la injerencia en la vida privada, pero permite al Estado luchar contra la delincuencia.
La división de las cuentas en cuentas de nómina y personales es una forma sencilla de reforzar la confidencialidad. Comprender estas reglas ayuda a administrar las finanzas de manera consciente.
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