Como resultado de una mesa redonda en la Duma Estatal, se han desarrollado medidas para proteger a los ciudadanos de los esquemas fraudulentos con bienes inmuebles, que recibieron una amplia publicidad después del caso de la cantante Larisa Dolina. El vicepresidente del comité de Construcción y Vivienda de la Duma Estatal, Alexander Aksenenko (diputado de la región de Novosibirsk), declaró que la devolución del derecho de propiedad de la vivienda solo debería ser posible después del reembolso completo de los fondos al comprador.
El escándalo en torno al "esquema de Dolina" se convirtió en un catalizador para la discusión de las vulnerabilidades sistémicas en las transacciones inmobiliarias. En tales casos, terceros de mala fe, bajo la apariencia de ayuda o asesoramiento legal, inducen a error a los vendedores, a menudo personas mayores y ciudadanos socialmente vulnerables. Como resultado, el tribunal declara inválida la transacción, el nuevo propietario pierde tanto la vivienda como el dinero, quedando con la carga de la hipoteca.
Aksenenko informó que en la mesa redonda se registraron casos recurrentes: los apartamentos devueltos a los pensionistas engañados se volvieron a poner a la venta, ya en el marco de nuevas operaciones fraudulentas. Esto indica la naturaleza organizada de tales esquemas.
Entre las medidas propuestas también se encuentran:
- Congelación obligatoria de fondos en la transacción en la llamada "cuenta segura" por un período de hasta siete días. Esto le dará al vendedor la oportunidad de "enfriarse" y volver a verificar los términos de la transacción, especialmente si actuó bajo presión psicológica.
- Introducción de restricciones médicas a la realización de transacciones inmobiliarias. Aksenenko envió una solicitud al Ministerio de Salud de la Federación Rusa con la solicitud de desarrollar una lista de enfermedades (en primer lugar, trastornos cognitivos y mentales), en presencia de las cuales un ciudadano temporal o permanentemente no podrá participar en tales operaciones.
La iniciativa está dirigida a equilibrar los intereses: proteger a los ciudadanos vulnerables de la manipulación y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los compradores de buena fe que se han convertido en víctimas de decisiones judiciales.
