Las empresas de telecomunicaciones se dirigieron al Ministerio de Transformación Digital con la solicitud de posponer la introducción de un cobro adicional por el consumo de tráfico móvil internacional que supere los 15 GB al mes. Como averiguó "Vedomosti" a partir de conversaciones con tres participantes en las discusiones, la puesta en marcha del mecanismo el 1 de mayo de 2026 es técnicamente imposible. Los operadores no alcanzan a reconfigurar los sistemas de facturación, que deben separar en tiempo real el tráfico ruso y el extranjero, tarificar el exceso y emitir facturas bajo las condiciones modificadas.
El principal problema es la ausencia de criterios claros sobre qué tráfico debe considerarse internacional. Los servicios rusos utilizan de forma masiva infraestructura y direcciones IP extranjeras, y las redes CDN de Google en territorio de Russia convierten el contenido extranjero en tráfico interno ruso. Al mismo tiempo, los usuarios que activan VPN para acceder a YouTube ralentizado generan precisamente ese tráfico "internacional" que el regulador pretende limitar. Sin una definición normativa, los operadores corren el riesgo de bloquear servicios legales o, por el contrario, dejar pasar el volumen objetivo.
Según la estimación del director general de Telecom Daily, Denis Kuskov, 15 GB de tráfico VPN al mes es un volumen que un abonado común consume solo con una elusión activada de manera permanente. Para descargar películas, trabajar con redes neuronales extranjeras y ver YouTube, el límite puede no ser suficiente. Al mismo tiempo, el operador está obligado a notificar al usuario con antelación sobre la proximidad al umbral, pero el mecanismo de aviso y las acciones posteriores (reducción de velocidad, pago automático o desconexión) aún no han sido acordados.
Parte de los participantes del mercado está preparada para lanzar la tarificación desde el 1 de mayo; otros necesitan tiempo hasta el otoño. Las fuentes de la publicación consideran que el regulador elegirá un plazo de compromiso entre mayo y septiembre, ya que la configuración de la facturación para 180 millones de abonados y la modificación de los planes tarifarios requieren al menos varios meses. En la práctica, la iniciativa para desplazar el tráfico VPN tropieza con una simple falta de preparación de la infraestructura, y no con la voluntad política.
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