El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que obliga a las empresas gestoras, a las organizaciones de suministro de recursos y a los operadores regionales de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) a interactuar con los residentes de edificios de apartamentos a través de chats vecinales en la plataforma protegida Max. El documento fue publicado en el portal oficial de actos jurídicos.
Según la ley, el Ministerio de Construcción de Rusia establecerá las reglas de funcionamiento de dichos chats, el procedimiento de comunicación y el formato de interacción entre las partes. El objetivo de la iniciativa es hacer que la comunicación entre los residentes y las empresas gestoras sea más transparente, operativa y protegida.
Además, la ley aclara el procedimiento para la celebración de juntas generales de propietarios y la tramitación de actas. Ahora, las decisiones sobre la elección de los miembros del consejo de la vivienda deben formalizarse de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Construcción y ser firmadas por los propios miembros del consejo. Asimismo, el organismo aprobará el procedimiento y los plazos para la tramitación de las actas de recepción de los trabajos de mantenimiento y reparación de la propiedad común en los edificios de apartamentos.
La ley estipula que el presidente del consejo del edificio de apartamentos podrá ejercer sus poderes junto con otros miembros del consejo. Además, el examen de cualificación para los directores de las empresas gestoras será sustituido por una evaluación independiente de la cualificación.
Como explicó el primer vicepresidente del comité de la Duma Estatal para la Construcción y la Vivienda y los Servicios Comunales, Vladimir Koshelev, el uso de la plataforma Max resuelve el principal problema de las reuniones a distancia de los propietarios: la identificación de los participantes. Señaló que otros mensajeros no tienen un grado de protección suficiente, lo que crea un riesgo de fuga de datos personales. Según el diputado, Max es el único servicio que garantiza el intercambio seguro de información y la interacción oficial en el ámbito de la vivienda y los servicios comunales.
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