El Centro Analítico VCIOM y otras organizaciones dedicadas a las encuestas telefónicas han expresado su profunda preocupación por la introducción de nuevas normas de etiquetado de llamadas, que entraron en vigor el 1 de septiembre. Los cambios, destinados a combatir a los estafadores telefónicos, podrían tener un impacto devastador en la práctica sociológica en Rusia.
Según los nuevos requisitos, los operadores de telecomunicaciones están obligados a etiquetar las llamadas de personas jurídicas y empresarios individuales, indicando en la pantalla del teléfono del abonado el nombre de la empresa y la categoría de la llamada, por ejemplo, "banco" o "publicidad". Sin embargo, el pago de este etiquetado recae ahora en las empresas, lo que está causando descontento entre las empresas de investigación. VCIOM ha apoyado una petición publicada en la plataforma "Plataforma para peticiones de Runet", que insta al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, a revisar estas condiciones.
Los autores de la petición afirman que la introducción de una tasa por el etiquetado hará que las encuestas telefónicas sean económicamente inviables. Por ejemplo, VCIOM realiza unos 27 millones de llamadas como parte de sus investigaciones y, según las nuevas tarifas del operador "Beeline", tendría que pagar 24 kopeks por cada llamada. Esto supondrá un coste adicional de más de 5 millones de rublos, mientras que los ingresos totales del proyecto son inferiores a 4 millones de rublos.
Paralelamente, la asociación de empresas de investigación "Grupo 7/89" ha recurrido al Servicio Federal Antimonopolio (FAS) solicitando que se investigue a los operadores de telecomunicaciones por una posible colusión. En la carta se indica que operadores como "MegaFon", MTS y "VimpelCom" cobran por cada llamada, aunque no se haya establecido la conexión. Esto contradice las normas vigentes, que exigen que sólo se cobren las conexiones exitosas.
En respuesta a estos cambios, el Director General de VCIOM, Valery Fedorov, declaró que el sector sociológico se encuentra en un "enorme peligro". Subrayó que las nuevas normas podrían socavar la posibilidad de obtener una retroalimentación de calidad, necesaria para la toma de decisiones importantes en el país.
Expertos como el jefe del laboratorio de psicología social y económica del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de Rusia, Timofey Nestik, también señalan que, sin aclaraciones, la ley dificulta la realización de encuestas telefónicas, que a menudo sirven de canal de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno.
Mientras que los representantes de los operadores de telecomunicaciones afirman que las nuevas normas son necesarias para combatir el fraude, las grandes empresas expresan su temor a que esto conduzca a costes injustificados. Los operadores, a su vez, afirman que la introducción del etiquetado requiere importantes inversiones en infraestructura.
Por lo tanto, las nuevas normas de etiquetado de llamadas no sólo podrían complicar el trabajo de los sociólogos, sino también provocar importantes pérdidas financieras para las empresas de investigación, lo que en última instancia afectaría a la calidad de la recopilación de datos sobre el estado de la opinión pública en Rusia.
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