En revisión: Escandaloso proyecto de ley sobre el uso obligatorio de automóviles rusos en taxis será corregido

Los empresarios creen que la aprobación de la ley desplazará a los trabajadores autónomos y provocará un aumento de los precios de los viajes

El proyecto de ley que obliga a las empresas de taxis a utilizar exclusivamente automóviles de fabricantes rusos será revisado. La Dirección Jurídica del Estado (GPU) de la administración del presidente de la Federación Rusa se ha pronunciado en contra de la redacción actual. Expertos del sector y representantes empresariales también consideran que el documento no tiene en cuenta la situación real del mercado y podría acarrear consecuencias socioeconómicas negativas.

La GPU señaló la necesidad de debatir más a fondo el proyecto de ley con el Ministerio de Industria y Comercio, la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP), "Delovaya Rossiya", el FSB y otras estructuras.

El principal argumento de los opositores a la ley es la falta de un número suficiente de automóviles nacionales que cumplan los requisitos de los taxis en cuanto a fiabilidad, confort y coste. Los representantes del sector creen que la aprobación de la iniciativa en su forma actual podría desplazar hasta el 70% de los conductores al sector informal, provocar un aumento de los precios de los viajes y un descontento social. Una postura similar adoptaron los sindicatos, los abogados y los representantes de los mayores agregadores.

Los abogados señalan una violación de la legislación antimonopolio y la discriminación de los empresarios, especialmente los autónomos, a los que simplemente no les será posible comprar coches nuevos. En opinión de los expertos, el Estado no debe prohibir, sino estimular la transición a la industria automovilística nacional mediante subvenciones, desgravaciones fiscales y el desarrollo de infraestructuras. Sin esto, la innovación puede perjudicar al sector y a los consumidores.

El sector reconoce la importancia estratégica de apoyar a la industria automovilística local, pero exige flexibilidad, una introducción gradual de los requisitos y el mantenimiento del equilibrio del mercado. Se propone aplazar la entrada en vigor de la ley al menos un año, excluir de los requisitos a los autónomos y revisar el sistema de evaluación de los vehículos.

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