La corporación estatal Rostec ha desarrollado una iniciativa para complementar el Código Penal de la Federación Rusa con un nuevo artículo 163.1, destinado a combatir las exigencias de dinero a cambio de eliminar o refutar información difamatoria en Internet. La propuesta surgió tras una serie de casos judiciales contra administradores de canales de Telegram, que anteriormente fueron juzgados en virtud del artículo sobre extorsión.
El nuevo artículo prevé castigo por "incitar a la transferencia de propiedad o derecho sobre la propiedad" bajo la amenaza de difundir información capaz de dañar la reputación o los intereses legítimos de la víctima. Las sanciones varían desde la restricción de la libertad hasta 2 años hasta la privación de libertad hasta 10 años, dependiendo de la gravedad del acto. Por ejemplo, el uso de información sobre menores o las acciones de un grupo organizado pueden conllevar la pena máxima.
Rostec destacó que el artículo actual sobre extorsión no tiene en cuenta las especificidades de los delitos digitales. Los administradores de canales, a diferencia de los extorsionadores clásicos, no amenazan con violencia física, y sus acciones tienen un menor peligro público. Sin embargo, la redacción actual del Código Penal los equipara a "bandidos con soldadores", lo que conduce a sentencias desproporcionadamente severas.
Desde 2022, en Rusia han aumentado los casos de apertura de causas penales contra propietarios de canales de Telegram. Se les acusa de exigir dinero por "protección contra la negatividad", pero los abogados insisten en que tales situaciones requieren una evaluación legal separada.
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