El Servicio Antimonopolio Federal (FAS) de Rusia ha abierto un caso contra la constructora PIK. En el caso se incluyen el operador de comunicaciones «Lovitel» y las empresas gestoras de complejos residenciales en Moscú, la región de Moscú y San Petersburgo. El motivo es la restricción del acceso de otros proveedores a la infraestructura de las viviendas.
La inspección del FAS comenzó en la primavera de 2025 tras numerosas quejas de los residentes. Según el departamento, las organizaciones que forman parte del grupo PIK no proporcionaron acceso a las redes a operadores de comunicaciones alternativos. Esto afectó a complejos residenciales en cuatro regiones: Moscú, la región de Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado. Las quejas llegaron a partir de marzo de 2025, cuando se produjo un incidente con el corte de Internet en las viviendas de PIK. En ese período, el proveedor «Lovitel» fue objeto de un ataque DDoS, lo que provocó fallos en la red. Los residentes se quedaron sin alternativa, ya que a otros proveedores no se les permitió el acceso a la infraestructura.
El FAS determinó que tales restricciones afectan a los intereses de los propietarios de los apartamentos e influyen en la competencia en el mercado de servicios de acceso a Internet. El departamento envió solicitudes a diez grandes proveedores, incluidos MTS, «MegaFon» y «Rostelecom», para recopilar datos sobre la obstrucción del acceso a la red. La inspección confirmó la existencia de infracciones en virtud del punto 9 de la parte 1 del artículo 15 de la Ley Federal «Sobre la protección de la competencia».
Si los hechos se confirman, la constructora se enfrenta a multas administrativas en virtud del Código de Infracciones Administrativas. El importe de las multas para las personas jurídicas puede alcanzar el 15 por ciento de los ingresos obtenidos de la infracción.
PIK es una de las mayores constructoras de Rusia, especializada en la construcción de edificios de apartamentos. En 2024, la empresa puso en funcionamiento más de 3 millones de metros cuadrados de viviendas. Los casos antimonopolio en el sector de la vivienda y los servicios comunales se llevan a cabo regularmente para garantizar la igualdad de acceso a los servicios.
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