El Servicio Penitenciario Federal (FSIN) propone modificar las reglas para las conversaciones telefónicas de los condenados y detenidos con sus familiares. Entre las innovaciones se encuentran la transcripción y traducción automática de las conversaciones en idiomas extranjeros, así como la transferencia al propio servicio de la autoridad para establecer el procedimiento para dichas llamadas. El borrador de la orden fue publicado para consulta pública, que durará hasta el 31 de octubre.
Actualmente, el procedimiento para las conversaciones telefónicas está regulado por una orden del Ministerio de Justicia de 2022. A los condenados en las colonias se les permite realizar hasta 12 llamadas al año, cada una con una duración no superior a 15 minutos. Pueden pagarlas ellos mismos o a través de sus familiares.
Antes de la llamada, el recluso debe presentar una solicitud al jefe de la colonia. En ella se indican el número de teléfono, el nombre y la dirección del abonado, así como el idioma en el que se planea la conversación.
Si el condenado llama a una persona que no figura en la solicitud, utiliza lenguaje obsceno o insulta al interlocutor, la administración de la institución puede interrumpir la conversación. En los centros de detención preventiva, las restricciones son más estrictas: cada llamada requiere un permiso separado del investigador o del tribunal.
Ahora, el FSIN propone cambiar el procedimiento para controlar las conversaciones en idiomas extranjeros. Si los empleados de la institución no conocen el idioma, actualmente se invita a un traductor, pagado con cargo al presupuesto federal, para verificar la grabación. Según el nuevo proyecto, el discurso se transcribirá y traducirá automáticamente al ruso, utilizando medios técnicos y de software.
Vladislav Egiyan, abogado del colegio de abogados "Bondyakov y Socios", cree que la transferencia de poderes puede complicar la apelación de las denegaciones de conversaciones telefónicas. También propone consagrar el derecho de los condenados a videollamadas telefónicas gratuitas, que actualmente solo se proporcionan si existe la posibilidad técnica.
Otro cambio propuesto se refiere a quién establecerá las reglas para la comunicación telefónica. Actualmente, las restricciones son aprobadas por el Ministerio de Justicia en consulta con la Fiscalía General. El FSIN quiere obtener el derecho de regular esta esfera de forma independiente.
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