El Ministerio de Desarrollo Digital ha aclarado el mecanismo de funcionamiento de la base de datos unificada de códigos IMEI, que se está creando como parte del segundo paquete antifraude. Según el departamento, los ciudadanos no tendrán que registrar sus dispositivos por sí mismos; toda la información se recibirá automáticamente de los operadores de telecomunicaciones y del Servicio Federal de Aduanas. La única excepción: si una persona trae un teléfono del extranjero, podrá introducir voluntariamente el IMEI a través de "Gosuslugi".
Técnicamente, el sistema funciona de forma sencilla: cada vez que se conecta a una red móvil, el operador registra el identificador de 15 dígitos del dispositivo. Si el número está en la lista negra, el dispositivo será desconectado de los servicios de comunicación. Según la Asociación de Grandes Datos, esto permitirá combatir de forma más eficaz los "SIM-banks" y "SIM-boxes", dispositivos a través de los cuales los estafadores generan llamadas masivas. Además, la base de datos IMEI se utilizará para proteger contra drones, rastreando módulos de comunicación no autorizados.
Para el mercado, esto significa una "legalización" casi completa de la circulación: los proveedores legales ya transmiten el IMEI durante el despacho de aduanas, pero los teléfonos "grises" corren el riesgo de convertirse en un "ladrillo". Los compradores de teléfonos usados tendrán que verificar la "limpieza" del dispositivo antes de la transacción. La ley entra en vigor en septiembre de 2026. De hecho, cada teléfono queda vinculado al propietario a nivel de hardware, lo que hace que el robo y la reventa del dispositivo carezcan de sentido, ya que el código IMEI solo se puede cambiar por software en modelos antiguos de Android, y eso con el riesgo de alterar el funcionamiento del dispositivo.