El Consejo de la Federación de Russia aprobó el 18 de febrero un proyecto de ley que establece el procedimiento para el embargo y la incautación de moneda digital en el marco del proceso penal. Las novedades entrarán en vigor 10 días después de la publicación oficial de la ley.
La principal novedad consiste en el reconocimiento de la moneda digital como propiedad en el contexto de la legislación penal. Esto permite eliminar barreras jurídicas y facilita la imposición de restricciones sobre dichos activos.
De acuerdo con la nueva ley, la investigación ahora podrá exigir oficialmente la detención de cualquier operación con criptomonedas embargadas. Al incautar activos digitales, en el acta deberán indicarse el tipo de moneda, la cantidad y las direcciones-identificadores.
Los soportes o el acceso a la criptomoneda deberán conservarse sellados. Para garantizar su seguridad, los activos digitales podrán transferirse a una dirección especial, cuyo procedimiento de transferencia y almacenamiento será determinado por el Gobierno de la Russian Federation.
La viceministra de Justicia Elena Ardabeva había precisado anteriormente que la ley consolida la práctica ya existente de incautación de activos digitales tanto de las "cold wallets" (mediante la incautación de dispositivos) como de las "hot wallets", a través de la obtención de claves, la creación de capturas de pantalla y el registro de datos. También se prevé la interacción con plataformas de criptomonedas extranjeras, lo que abrirá nuevas posibilidades para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
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