En la sesión del miércoles, el Gobierno de la Federación Rusa discutirá un proyecto de ley destinado a fortalecer las medidas para contrarrestar los delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), según informa el servicio de prensa del Gabinete. El documento prevé la introducción de modificaciones en una serie de leyes vigentes.
El proyecto de ley incluye un segundo paquete de medidas para combatir el fraude telefónico y en Internet, aprobado por la comisión gubernamental de actividades de proyectos de ley. El objetivo principal de las iniciativas es reducir los riesgos del ciberfraude y aumentar la seguridad de los usuarios de los servicios digitales.
Entre las principales novedades se encuentra el requisito de restablecer el acceso a las cuentas en Gosuslugi exclusivamente por métodos de confianza: a través de MFC, aplicaciones o sitios bancarios, así como mediante el uso de la biometría. Esto debería minimizar el riesgo de que los estafadores obtengan acceso a la cuenta de los ciudadanos.
Además, el proyecto de ley prevé la introducción de tarjetas SIM para niños, que permitan a los padres controlar el acceso del niño a contenido no deseado, y medidas para limitar la actividad de los "droppers", personas que facilitan a los estafadores el acceso a sus cuentas bancarias. Se propone limitar el número de tarjetas bancarias a 20 por persona, para dificultar la creación de redes para blanquear fondos ilegales.
También se planea marcar las llamadas internacionales, lo que ayudará a los ciudadanos a reconocer más rápidamente las llamadas potencialmente peligrosas y reducir el riesgo de fraude telefónico. Los usuarios podrán informar sobre el ciberfraude a través de Gosuslugi, lo que acelerará el registro de los casos y permitirá a los bancos, operadores de comunicaciones y plataformas digitales responder rápidamente a las amenazas.
El primer paquete de enmiendas, que incluía más de 30 medidas para combatir el fraude en Internet y telefónico, fue aprobado en la primavera de 2025. El nuevo proyecto de ley será una continuación lógica de este trabajo, destinado a proteger los datos personales de los ciudadanos y aumentar la seguridad del entorno digital.