Protección de los propietarios de criptomonedas en los tribunales solo después de presentar un formulario que no existe

La negativa de los tribunales a proteger a los criptopropietarios viola varias cláusulas de la Constitución de la Federación Rusa

El Tribunal Constitucional de la Federación Rusa ha aceptado a trámite una denuncia sobre la restricción de la protección judicial de los propietarios de criptomonedas en caso de que no hayan presentado datos sobre sus activos a la Administración Tributaria Federal. El autor de la apelación, el abogado Marat Amanliev, informó a TASS en un comentario que debe ser considerada en un plazo de seis meses. La decisión de apelar al Tribunal Constitucional de la Federación Rusa se tomó después de que se le negara a un cliente del abogado una demanda porque no había presentado información sobre activos digitales a la Administración Tributaria Federal.

Los tribunales se niegan a satisfacer demandas similares, alegando la falta de notificación a la autoridad fiscal de la posesión de criptomonedas, lo que hace que el derecho a la protección judicial sea condicional, que hoy solo puede ejercerse después de completar una notificación formal, cuyo procedimiento no está establecido.
Marat Amanliev en un comentario para TASS

La apelación del abogado al Tribunal Constitucional de la Federación Rusa se refiere a la parte 6 del artículo 14 de la ley №259-FZ "Sobre activos financieros digitales". Esta ley permite a los tribunales considerar disputas en el campo de los AFD solo si la información sobre ellos y todas las operaciones relacionadas con ellos se presentaron al servicio de impuestos. Sin embargo, el procedimiento para dicha notificación aún no ha sido aprobado legislativamente, lo que lleva a una paradoja: la protección en los tribunales solo es posible después de presentar un formulario que no existe.

Esta situación viola varias cláusulas de la Constitución a la vez: sobre la prohibición de restringir la protección judicial, la igualdad ante la ley y la inviolabilidad de la propiedad privada. En este sentido, el abogado pide al tribunal que derogue la ley, ya que es imposible cumplir con sus requisitos de acuerdo con la legislación vigente.

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