En Rusia, planean introducir multas por negar la prestación de servicios a ciudadanos que no hayan proporcionado datos biométricos. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos que han rechazado el uso del Sistema Unificado de Datos Biométricos.
Según las enmiendas al proyecto de ley sobre el aumento de la responsabilidad administrativa por la fuga de datos personales, para las personas jurídicas las multas oscilarán entre 200 mil y 500 mil rublos, para los funcionarios, entre 50 mil y 100 mil rublos. Si se trata de servicios estatales, los empleados de los MFC, Roskadastr y organizaciones similares corren el riesgo de recibir una multa de 5 mil a 10 mil rublos o la inhabilitación por seis meses. Para los funcionarios, las multas en estos casos aumentan a 20–25 mil rublos.
Las enmiendas propuestas para la segunda lectura del proyecto de ley implican cambios en los artículos 5.63 (sobre la organización de la prestación de servicios estatales) y 14.8 (sobre la violación de los derechos del consumidor) del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. El proyecto de ley fue apoyado por el comité de la Duma Estatal sobre la construcción del Estado y la legislación, y sus autores son senadores y diputados, incluidos Andrei Turchak, Andrei Klishas y Alexander Khinshtein. La segunda lectura del documento está programada para el 26 de noviembre de 2024.
El Sistema Unificado de Datos Biométricos se creó en Rusia en diciembre de 2021. Su objetivo es simplificar el acceso a los servicios mediante el uso de la identificación digital. Sin embargo, la entrega de datos biométricos sigue siendo voluntaria, y la iniciativa para introducir multas tiene como objetivo garantizar la igualdad de acceso a los servicios independientemente de la disponibilidad de datos biométricos.
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